El Ministerio de Seguridad de la Nación formalizó hoy la anunciada denuncia penal contra Karina Andrade, la jueza que liberó rápidamente a los detenidos por los incidentes que se produjeron el miércoles 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso, en el marco de la represión por la marcha de los jubilados.

En concreto, el Gobierno acusa a la magistrada de los delitos de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado, basado en la resolución de la magistrada que dispuso la liberación de 114 detenidos sin un análisis adecuado de las pruebas ni de los antecedentes penales de los implicados.

El Ministerio de Seguridad describe que la jueza actuó de manera arbitraria, interfiriendo indebidamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia exclusiva de la Fiscalía.

La jueza, en declaraciones radiales, afirmó la semana pasada que no hubo acusación fiscal que le habilitara imputar a los detenidos y por eso privilegió el derecho a la protesta y los liberó, salvo a quienes tenían algún antecedente. 

“No fue una decisión trasnochada, sino que se priorizó el derecho a manifestarse”, dijo a Ahora Play. En la misma entrevista reconoció que no analizó los antecedentes penales de los sospechosos porque, en esa instancia, sólo correspondía verificar si tenían vigente algún pedido de captura.

En lugar de seguir los procedimientos legales establecidos, afirma la denuncia, Andrade decidió liberar a los detenidos a través de un grupo de mensajería instantánea, como WhatsApp, sin dejar un registro oficial ni dar intervención formal a la Fiscalía, señala la acusación.

Además, agrega la presentación oficial, la jueza permitió además que defensores no designados intervinieran en el proceso, lo que considera como una violación clara de las normas procesales, ya que según el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los defensores oficiales solo deben intervenir cuando sean expresamente designados.

Entre los liberados había personas con antecedentes por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo, lo que agrava aún más la actuación de la titular del Juzgado Penal, contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, argumenta la denuncia del ministerio que conduce Patricia Bullrich. El caso recayó en el Juzgado Federal N° 1 de la magistrada María Servini.

El Ministerio también menciona que, al analizar la situación, la jueza incumplió con el procedimiento de flagrancia que establece que el Fiscal tiene la responsabilidad primaria de evaluar la detención.  

Además, la denuncia incluye el pedido de que el fuero federal se encargue de los hechos, dado que involucran delitos de sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada, situaciones que afectan directamente el orden democrático y constitucional del país.