La jueza Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, defendió su decisión de liberar a los 114 detenidos durante la protesta de los jubilados en el Congreso, que devino en represión policial y enfrentamientos, porque en esa instancia sólo correspondía verificar si tenían vigente algún pedido de captura.

La magistrada, que fue duramente criticada por el Gobierno nacional, que advirtió que la denunciaría ante el Consejo de la Magistratura, aseguró que priorizó “el derecho a manifestarse” de las personas.

 “No fue una decisión trasnochada, fue una decisión en el marco de priorización de derechos; el derecho a manifestarse”, aseguró en declaraciones a Urbana Play.

Andrade agregó que la Policía no entregó información precisa sobre las detenciones y tampoco a la Fiscalía entregó pruebas ni pidió medidas en la causa en el marco de una causa que rige bajo el sistema acusatorio. 

Esto se explica por un principio básico de los procedimientos judiciales, si no hay acusación concretar por parte de la Policía o el ministerio público no hay una figura para imputar al detenido.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, aseguró ayer que más de la mitad de los detenidos tenía graves antecedentes penales, pero esa acusación no fue  fundamentada ante la magistrada actuante.

En la misma línea se pronunció ayer el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos. “Debe funcionar la aplicación de la ley con más dureza y si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada”, sostuvo el funcionario nacional.

Durante la entrevista con Urbana Play Andrade precisó que “en el momento del control de la detención, lo que importa es el pedido de captura. Yo no estaba siendo informada de nada”, agregó.

Según su análisis, las detenciones se dieron en el marco de una movilización cuyo ejercicio está protegido por la Constitución Nacional. “Mi función era el control de legalidad, que se respeten los derechos constitucionales”, enfatizó.

“Esto merecía una respuesta rápida con los elementos que tenía, y no se cumplían los requisitos básicos de información al juez”, aseguró.

La jueza aclaró que aquellos manifestantes detenidos que portaban armas no fueron excarcelados, ya que esa situación quedó bajo una investigación aparte. “Quizá si lo sabía antes, hubiera pedido más elementos”, admitió.

En los argumentos del fallo, la jueza Andrade planteó: “A raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente".

Respecto de sus antecedentes y a las acusaciones que la vinculan con el kircherismo, Andrade dijo: “No quiero personalizar, pero cualquiera puede ver mi audiencia pública. Expliqué mi trayectoria, de dónde vengo. Soy una persona técnica, más allá de los lugares en los que me ha tocado estar”, afirmó.