Dos afirmaciones hechas esta semana por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sobre la depreciación del dólar, y por la Gendarmería Nacional, negando tener responsabilidad por las lesiones que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo durante la represión a una marcha de los jubilados del 12 de marzo de este año, remiten a episodios de la última dictadura militar que gobernó en la Argentina entre 1976 y 1983.

En 1981, cuando la dictadura comenzaba a pagar los costos de la plata dulce, la destrucción del aparato productivo y la recesión en ascenso, el efímero ministro de economía Lorenzo Sigaut intentó frenar una corrida cambiaria con la frase “el que apuesta al dólar pierde”, que en los hechos funcionó como un anuncio de una devaluación inminente.

Con la diferencia no menor de que en 1981 la inflación estaba descontrolada, la frase de Sigaut se parecen mucho a las que pronunció el último martes el actual responsable de la cartera económica, Luis “Toto” Caputo, en respuesta a quienes advierten sobre una depreciación del dólar frente al peso: “Si está barato comprá. No te la pierdas, campeón”.

Caputo habló este martes en un foto que realizó la Universidad Austral, y defendió ante 700 ejecutivos de empresas el esquema del tipo de cambio flotante, explicó que el peso se fortaleció frente al dólar tras la salida del cepo y rechazó las críticas de empresarios, analistas económicos y periodistas.

Además, el funcionario salió al cruce de los rumores que hablan de su eventual salida del Ministerio si no logra contener las variables económicas al describir la relación casi simbiótica que mantiene con el presidente Javier Milei. Una estrategia clásica, que en el mundillo político y las redacciones se toma invariablemente como un gesto de debilidad, casi como una confirmación de que los rumores no son infundados.

Informe negativo de JP Morgan y un futuro incierto 

En el inicio de esta semana, el banco JP Morgan recomendó al mercado recortar la exposición en pesos de Argentina y, si bien destacó que el país tiene una postura general “constructiva en el mediano plazo”, señalaron que “con la situación estacionalmente positiva por terminar y las elecciones en el horizonte, preferimos tomar ganancias y esperar mejores niveles de entrada para volver a posicionarnos en el mercado local de bonos en pesos”.

Si se une este informe negativo contra los bonos del JP Morgan –entidad que está lejos de tener esas desviaciones socialistas que tanto exasperan a Milei-, con las fisuras que aparecieron en la relación entre el gobierno y los gobernadores de varias provincias, el futuro inmediato se torna más incierto aún.

En su lógica de sostener el equilibrio fiscal a cualquier costo, la administración central retiene desde hace largos meses los fondos coparticipables y tiene pisados los fondos nacionales para obras de infraestructura. El deterioro que generan estas decisiones comienza a poner en riesgo el capital político de los gobernadores.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundió un informe esta semana en el que señala que si bien en junio de este año se observa un crecimiento interanual de los Recursos de Origen Nacional de 7,9% en términos reales (considerando una inflación en junio de 2,0%), las transferencias por coparticipación (CFI), todas las provincias exhibieron caídas reales en el mes de junio de entre -2,9% y -6,6%. El promedio de todo el conjunto se situó en -4,3%.

Hasta esta semana varios mandatarios provinciales fueron funcionales a las necesidades del oficialismo ordenando a sus legisladores que se sienten en sus bancas. Pero este miércoles se sumaron al quórum con el que la Cámara de Diputados sesionó y aprobó dos emplazamientos al Ejecutivo para que se traten iniciativas para el financiamiento universitario y la emergencia en el Hospital Garrahan.

¿Pasaron los gobernadores de Còrdoba, Martín Larryora, el entrerriano Rogelio Frigerio, el misionero Carlos Rovira, el salteño Gustavo Sáenz y el rionegrino Alberto Weretilneck a militar en la oposición? De ninguna manera, están negociando, pero su actitud en una sesión donde abundaron las agachadas de todos lados, sirve como botón de muestra.

"En la línea de tiro"

La otra situación de esta semana que remite a la última dictadura es el informe de la Gendarmería Nacional, que luego de recibir la orden de analizar la eventual responsabilidad de uno de sus efectivos en las heridas que recibió el reportero gráfico Pablo Grillo en marzo pasado, en sólo 24 horas dictaminó que la culpa fue del fotógrafo, que se puso “en la línea de tiro” del cabo Héctor Guerrero, que disparó la granada de gas en línea recta y no para arriba, como indican los manuales, como se vio en cientos de videos.

Cuando Sigaut era un recuerdo menor en la caída estrepitosa de la dictadura, acelerada por la derrota en Malvinas, los jerarcas militares intentaron eludir su responsabilidad en la peor represión de la historia del país con una norma que pasó a la posteridad como la “ley de auto amnistía”. La respuesta social fue multitudinaria. Las calles de las principales ciudades del país se llenaron de marchas de repudio y pedidos de justicia. 

Esa Ley de auto amnistía fue derogada apenas asumió el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, quien también impulsó el enjuiciamiento a los principales responsables militares del terrorismo de Estado, que fueron ejemplarmente condenados. Después la historia siguió su curso y muchas de las esperanzas de entonces dejaron lugar a varias decepciones, pero esa es otra historia.