La iniciativa busca profundizar la cooperación regional frente a las actividades vinculadas con la exploración y explotación unilateral de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, y convertir el histórico respaldo latinoamericano al reclamo argentino de soberanía en acciones concretas.

La carta parte de una definición central: Malvinas es una causa argentina y también latinoamericana. La persistencia de una situación colonial en el Atlántico Sur interpela a toda la región y exige una respuesta común en defensa de la soberanía y de nuestros recursos naturales. En ese marco, los legisladores convocaron a profundizar la toma de conciencia regional sobre la Cuestión Malvinas.

El diputado nacional del bloque unión por la patria Nicolás Trotta sostuvo: “Malvinas es una causa argentina y latinoamericana. No podemos naturalizar que en pleno siglo XXI persista una situación colonial en nuestra región. Necesitamos fortalecer esa conciencia y actuar juntos en defensa de nuestra soberanía”.

La carta solicita a los cuatro gobiernos adoptar y profundizar medidas para impedir que empresas vinculadas directa o indirectamente con la exploración, explotación, extracción, transporte o aprovechamiento comercial de recursos naturales en las áreas sujetas al legítimo reclamo argentino utilicen infraestructura o servicios de la región para sostener sus operaciones. Esto incluye medidas administrativas, regulatorias, aduaneras, portuarias y aeroportuarias destinadas a impedir el abastecimiento y la asistencia logística vinculados con esas actividades.

El diputado nacional Eduardo Valdés afirmó: “América Latina ha acompañado históricamente el reclamo argentino. Hoy necesitamos que ese respaldo se traduzca en decisiones concretas para impedir que infraestructura de nuestros países facilite actividades ilegítimas en el Atlántico Sur”.

La iniciativa recupera los compromisos asumidos históricamente por los países de la región y, particularmente, el acuerdo alcanzado en diciembre de 2011 por los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados para impedir el ingreso a sus puertos de buques que enarbolen la bandera ilegal de las Islas Malvinas. También propone fortalecer el intercambio de información para identificar empresas, embarcaciones, aeronaves y prestadores involucrados en esas actividades.

Por su parte, el senador nacional Jorge Capitanich señaló: “La defensa de Malvinas no necesita más poder concentrado: necesita política de Estado, presupuesto y consensos. No seremos funcionales ni a voluntades extranjeras ni a campañas electorales. Las Islas Malvinas nos pertenecen por derecho de posesión e históricos y por el principio de integridad territorial”.

La carta está acompañada por los diputados nacionales del bloque Unión por la Patria Nicolás Trotta, Eduardo Valdés, Jorge Taiana, Sergio Palazzo, Victoria Tolosa Paz, Agustín Rossi, José Glinski, Andrea Freites, Guillermo Snopek, Juan Marino, Jorge Araujo, Aldo Leiva y Caren Tepp, y por los senadores nacionales Jorge Capitanich, Juliana Di Tullio, Carlos Alberto Linares, Sergio Uñac, Adán Humberto Bahl, Eduardo de Pedro. 

Los firmantes manifestaron su disposición a mantener reuniones de trabajo con los poderes ejecutivos y legislativos de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, promover encuentros interparlamentarios y avanzar en instrumentos que conviertan estos compromisos en acciones efectivas. La iniciativa reafirma que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes debe alcanzarse por medios pacíficos, mediante el diálogo y el derecho internacional. “Una América Latina verdaderamente soberana también se construye en el Atlántico Sur”, concluye la carta.