Distintos sectores del Frente de Todos (FdT) advirtieron este lunes que hay actores "económicos concentrados que intentan avanzar en un proceso de desestabilización" en el país, pero afirmaron que el Gobierno de Alberto Fernández "fue elegido en 2019 y termina su mandato en el 2023", mientras avanzan en la Justicia denuncias por "amenaza de rebelión" contra el exmilitar carapintada Aldo Rico.

El interventor de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Agustín Rossi, denunció la "enorme presión" que ejercen los mercados pero remarcó que el Gobierno del FdT "fue elegido en el 2019 y termina su mandato en el 2023".

Rossi señaló que le pareció "muy bien" la reacción del bloque de diputados del FdT y de los partidos que integran la coalición oficialista que expresaron este domingo su absoluto repudio a las "expresiones y maniobras golpistas que acontecieron en el país en los últimos días" y reafirmaron su "pleno compromiso con la democracia y las instituciones".

"Intentan aprovechar esta corrida y este hostigamiento producto de que el mercado quiere devaluar con connotaciones políticas. Independientemente de las responsabilidades propias del Gobierno se han montado una cantidad de personajes como exmilitares, dirigentes políticos fuera de cualquier lógica, diputados de la oposición pidiendo el juicio político del Presidente porque intentan generar un clima que el peronismo va a denunciar", criticó el funcionario.

Tras marcar como "inentendible" que "algunos personajes sigan hablando en Argentina", Rossi consideró que "está bueno que aparezca una reacción como la que apareció" porque "fortalece al FdT y se defienden a los principales lideres que son Alberto y (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner)".

"El Gobierno fue elegido en el 2019 y termina su mandato en el 2023, y para que cambie el gobierno tienen que ganar las elecciones", subrayó.

La denuncia contra Rico

En tanto, dos jueces federales resultaron sorteados para intervenir en las denuncias presentadas por "amenaza de rebelión" contra Aldo Rico, a raíz de sus dichos en un mensaje dirigido a las Fuerzas Armadas.

El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de una denuncia presentada por el procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich, en tanto su par Sebastián Casanello resultó sorteado ante la presentación que había hecho el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

Abramovich denunció a Rico por presunta "amenaza de rebelión" a raíz de la difusión a través de la plataforma YouTube de "un extenso mensaje dirigido a miembros de las Fuerzas Armadas denominado ''La patria está en peligro'", al considerar que allí "se difunde públicamente un mensaje que podría constituir una amenaza de atentado contra el orden constitucional y la vida democrática".

Por otro lado, en el Juzgado Federal 7 a cargo de Casanello se radicó por sorteo la denuncia que presentó Pietragalla ante la "posible comisión del delito de amenaza pública e idónea contra las autoridades democráticamente electas", que se encuentran tipificadas en el artículo 226 bis del Código Penal.

En los argumentos de la denuncia, se sostiene que se debe considerar que el exteniente coronel del Ejército "tiene contactos políticos, militares y policiales y experiencia previa en la organización y ejecución de dos levantamientos militares" contra el sistema democrático, en relación a los alzamientos carapintadas de 1987 y 1988 contra el gobierno del expresidente Raúl Alfonsín.

En el video, Rico convocó a militares en lo que consideró "una llamada de reunión antes de las crisis y antes de la batalla, como se estila en nuestras Fuerzas Armadas".

Por su parte, el referente de la organización Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, advirtió que "hay sectores económicos concentrados que intentan avanzar en un proceso de desestabilización política" y que "sólo buscan hacerse de una enorme cantidad de dólares a partir de forzar al Gobierno nacional a una devaluación".

Menéndez sostuvo que esa maniobra, "más allá del proceso de desestabilización político y económico, generará además un enorme costo para el conjunto de nuestra sociedad".

"Por eso entendemos que desde los movimientos populares hay que cerrar filas en el proceso de fortalecer al Gobierno y al FdT", añadió en declaraciones a Télam.

En la misma línea, el titular de la CTA y diputado del FdT, Hugo Yasky, afirmó que la marcha de mañana en conmemoración de los 70 años de la muerte de Eva Perón "servirá como contundente respuesta contra los desestabilizadores que buscan una devaluación y que hoy están vaciando la mesa de alimentos de millones de argentinos".