La minería puede transformarse en un pilar para promover el desarrollo de nuestro país, siempre que se inscriba en marcos regulatorios sólidos y forme parte de un entramado productivo que supere la mirada meramente extractivista y primarizadora. Argentina necesita transformar sus recursos naturales en desarrollo, en empleo y en valor agregado, no en simples enclaves de explotación que dejan poco a la sociedad. Pero el desarrollo no se construye debilitando las normas que protegen recursos estratégicos, ni entregando patrimonio natural bajo la promesa eterna de inversiones que nunca llegan.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, fue una legislación pionera que estableció presupuestos mínimos para proteger reservas estratégicas de agua dulce. La apurada reforma impulsada por el Gobierno avanza en la dirección contraria. Bajo el argumento de “atraer inversiones”, se propone reducir la protección sobre estos ecosistemas, redefiniendo qué áreas merecen ser resguardadas y debilitando el sistema de control científico que hoy existe.

El problema no es menor. La ley vigente protege un sistema natural complejo que regula el ciclo del agua. La modificación que se pretende introducir quiebra una mirada nacional y abre la puerta a decisiones discrecionales en las provincias que pueden priorizar intereses económicos de corto plazo por sobre la seguridad hídrica de largo plazo.

Pero hay además una contradicción evidente. El Gobierno sostiene que sin esta reforma no llegarán inversiones. Sin embargo, hace dos años impulsó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que otorgó beneficios extraordinarios a grandes corporaciones como ventajas impositivas excepcionales y condiciones regulatorias privilegiadas sin incentivos para el desarrollo local. Se repitió una y otra vez que con esas condiciones la Argentina iba a recibir una verdadera “lluvia de inversiones”. Como alertamos, una y otra vez, eso no ocurriría.

Ahora se pretende avanzar sobre la Ley de Glaciares con el mismo argumento. La historia reciente muestra que el problema no es la existencia de reglas ambientales claras. El problema es la falta de estabilidad económica y política, previsibilidad macroeconómica y una estrategia de desarrollo coherente y sostenible.

El núcleo de la cuestión radica en la modificación del sistema de control sobre el Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta técnico-científica fundamental para proteger las reservas de agua dulce del país. Actualmente, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) es el organismo técnico responsable de relevar y monitorear estos cuerpos de hielo.

La reforma propone que sean las provincias las que determinen si un glaciar cumple o no funciones hídricas estratégicas. Lo más preocupante es que, si una jurisdicción decide que un glaciar no reviste importancia, el IANIGLA quedaría obligado a eliminarlo del inventario nacional. Incluso en el caso de que el instituto científico se negara por razones técnicas, esa omisión no invalidaría las autorizaciones de explotación otorgadas por la provincia.

Esto configura un precedente extremadamente peligroso. Significa que la decisión política de un funcionario provincial circunstancial podría tener más peso que décadas de investigación científica acumulada. Eso no es seguridad jurídica ni federalismo responsable, implica imponer una discrecionalidad institucionalizada.

Debilitar los estándares ambientales no genera confianza. Por el contrario, generará incertidumbre, conflictos sociales y judicialización permanente sobre los proyectos mineros. Además, la reforma introduce un cambio institucional riesgoso. Al pretender trasladar a las provincias la determinación sobre qué áreas deben protegerse, se debilita el sistema de presupuestos mínimos ambientales establecido por la Constitución. La normativa vigente garantiza un piso común de protección en todo el territorio nacional. Sin ese piso, cada provincia quedará expuesta a presiones para flexibilizar controles en una competencia regulatoria hacia abajo para hacerse de supuestas inversiones por sobre otras provincias.

Las jurisdicciones no cuentan con las estructuras técnicas, capacidades institucionales, ni presupuestos necesarios para realizar controles ambientales de alta complejidad. En ese contexto, las autoridades locales quedarán expuestas a presiones permanentes de grandes corporaciones multinacionales con capacidades económicas infinitamente superiores a las de cualquier organismo provincial. Es posible, inclusive, que la multiplicación de movilizaciones y conflictos frente a solicitud de modificación del inventario de glaciares conlleva a la proliferación total de la prohibición minera en lugar de trazar un camino de previsibilidad hacia una minería sostenible.

La discusión de fondo no es minería sí o minería no. Argentina necesita aprovechar su potencial minero. Pero debe hacerlo con planificación, tecnología, encadenamiento productivo, desarrollo de proveedores locales, y reglas que protejan los recursos que hacen posible el desarrollo.

La minería puede transformarse en un pilar para promover el desarrollo del país, siempre que forme parte de un modelo productivo que supere la lógica extractivista y primarizadora. Pero el progreso no se construye debilitando la protección de nuestros bienes comunes. La historia económica latinoamericana está repleta de escenarios de carreras desregulatorias de estándares ambientales. Las naciones que los debilitaron en nombre de la inversión terminaron sumergidos en modelos extractivistas de bajo impacto productivo y alto costo ambiental.